La reciente reforma constitucional que eliminó siete órganos autónomos y reguladores dejó a casi 4,500 trabajadores en una situación incierta. Sin claridad sobre sus liquidaciones o reubicaciones, muchos de ellos enfrentan la incertidumbre de no saber qué pasará con sus empleos. Mientras algunos organismos ya fueron extinguidos y otros siguen en proceso, la falta de información oficial agrava la crisis laboral. ¿Quién garantizará sus derechos? ¿Recibirán una indemnización justa? Aquí, las voces de los afectados y expertos que analizan el impacto de esta reforma.