El reconocido cantante de música regional mexicana, Gerardo Ortíz, enfrenta graves consecuencias legales tras admitir su participación en conciertos vinculados al narcotráfico.
La industria de la música regional mexicana se ha visto sacudida por un escándalo legal que involucra a una de sus figuras más prominentes. Gerardo Ortíz, exponente destacado del género de corridos, se ha declarado culpable de un cargo por conspiración al violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin), según confirmó la Fiscalía de Estados Unidos al inicio del juicio contra Ángel Del Villar, director ejecutivo de Del Records.
El intérprete ha reconocido su participación en al menos seis conciertos organizados en México por Jesús Pérez Alvear, promotor que en 2018 fue señalado por el gobierno estadounidense por presuntamente lavar dinero para el narcotráfico, específicamente para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho». Estos eventos fueron realizados a través de la empresa Gallística Diamante, propiedad de Pérez Alvear, quien fue asesinado a finales de 2024 en la Ciudad de México tras haberse declarado culpable en este mismo caso.
Gerardo Ortíz ignoró advertencias sobre las consecuencias legales
Según información revelada durante el proceso judicial, Gerardo Ortíz había sido advertido en múltiples ocasiones sobre las implicaciones de su participación en dichos conciertos. Luca Scalisi, ex director financiero de Del Entertainment y también acusado en el caso, declaró a agentes federales que el cantante fue explícitamente alertado de no realizar negocios en México con las entidades señaladas, pero decidió ignorar las advertencias.
El gobierno estadounidense presentó evidencia que demuestra que en 2018 dos agentes federales abordaron a Ortíz en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, donde le informaron directamente que debía desistir de participar en los conciertos debido a la designación de Pérez Alvear como persona vinculada al narcotráfico. A pesar de estas advertencias, el cantante continuó con sus planes.
La declaración de culpabilidad de Gerardo Ortíz había permanecido en secreto mientras cooperaba con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el caso contra Ángel Del Villar. El fiscal federal Alex Schwab confirmó en una corte de Los Ángeles que el artista ya había aceptado su delito y se prepara para testificar contra Del Villar, quien enfrenta acusaciones similares por violar la Ley Kingpin.
Los abogados de Del Villar esperan que salga absuelto, a pesar de las acusaciones del Departamento de Justicia que lo señalan por asociarse con Pérez Alvear y Gallística Diamante para realizar negocios vinculados presuntamente con el Cártel de Jalisco. Este caso continúa exponiendo los complejos vínculos entre la industria musical regional mexicana y las organizaciones criminales, poniendo bajo escrutinio a figuras destacadas del género.