En México, la violencia política dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una amenaza estructural. El crimen organizado se infiltra en gobiernos locales, intimida, corrompe y desplaza a quienes aspiran a un cargo público. Mientras las autoridades reconocen un país donde “no hay control territorial”, candidatos y funcionarios viven entre amenazas, ataques y silencios impuestos. Este trabajo explora cómo se llegó a este punto y por qué la impunidad permitió que el poder criminal avanzara hasta poner en jaque a la democracia.